Brasil: La “política provisional” vuelve a liberar los transgénicos

por Gerardo Evia y Eduardo Gudynas – El gobierno de Brasil acaba de autorizar el cultivo de soja transgénica para la próxima zafra 2004/05. El presidente Lula da Silva firmó una nueva “medida provisoria” permitiendo ese cultivo bajo una fuerte polémica que involucra a miembros del gobierno, de su partido, empresarios y grupos ambientalistas.

Por un lado, muchos productores rurales venían presionando fuertemente por esa medida desde hace algunos meses atrás, e incluso amenazaron con cultivar los transgénicos sin contar con la prohibición. En septiembre del año pasado el gobierno ya había promulgado una medida provisoria (MP 131) para permitir la siembra de soja transgénica en la zafra 2003/2004 y regular su comercialización (ver …). En aquel momento la polémica fue también muy dura; se opusieron muchas organizaciones ciudadanas y el Ministerio del Ambiente, frente al Ministerio de Agricultura y las empresas agropecuarias. El gobierno Lula sostenía que la “medida provisoria” era necesaria para blanquear el ilegal cultivo que se realizaba en muchos sitios del país, y subrayaba que sería “provisoria” en tanto enviaría una ley definitiva sobre el asunto.

Si bien la ley fue enviada al Congreso, todo el proceso de análisis parlamentario se atrasó, y además se la hicieron muchos agregados, varios de ellos muy debatibles, que desembocaron en que llegaba el momento de comenzar a sembrar las semillas y no se contaba con la nueva ley. Pero además todo el marco legal sobre los transgénicos creció en complejidad y contradicciones por demandas cruzadas, permisos parciales e incertidumbres sobre los alcances normativos, alcanzándose la situación donde la soja transgénica era simultáneamente prohibida y permitida (ver …).

Un problema constantemente provisorio

Las presiones para lograr una segunda “medida provisoria” (MP) fueron muy fuertes tanto desde los productores, las empresas como en el seno del propio gabinete; muchos productores ya tenían listas sus tolvas con las semillas y comenzaron la siembra horas después que Lula firmó la resolución el 14 de Octubre. Lastimosamente, esta MP no sólo libera la soja transgénica sino que es una nueva renuncia de la administración Lula en intentar regular el sector agrícola. Es un claro ejemplo donde una resolución gubernamental se adapta a la dinámica de hechos consumados.

Quienes se oponían a esa medida, entre ellos la ministra del ambiente Marina Silva, advertían que además de su inconsistencia legal, subordinaba la política ambiental a otros intereses. Quienes promovían la MP desde el gobierno, afirmaban que era la única forma de tomar control sobre el problema y eventualmente avanzar hacia su regulación efectiva.

El problema se agudiza en tanto la “ley de bioseguridad” en trámite en el Congreso y que supuestamente era la solución definitiva, está en el centro de un fuerte debate. Uno de los puntos en discusión se centraba en determinar a los responsables últimos en permitir o no liberar organismos genéticamente modificados. En el proyecto aprobado en la cámara de diputados en febrero pasado esa decisión quedaba en manos del Consejo Nacional de Bioseguridad (CNB) integrado por 15 ministros del gabinete. Pero el 6 de octubre el senado modificó ese principio, así como el alcance de las evaluaciones de impacto ambiental y sanitario, y le asignó a la Comisión Técnica Nacional sobre Bioseguridad (CTN-Bio) la potestad de decidir (se habilita la recusación de la decisión por los organismos fiscalizadores en cuyo caso el un CNB, un poco más pequeño, podría entender en la materia).

La demora que implica el retorno del proyecto a la cámara de diputados puso al gobierno de Lula nuevamente en la disyuntiva permitir el cultivo de la “ilegal” soja transgénica por medio de una “medida provisoria”. La decisión involucra varios millones de hectáreas de soja transgénica. En 2003 se estimaba que el 8% (4 millones sobre un total de 50 millones de toneladas) de la producción de soja en Brasil era transgénica, y se proyectaba un 20% por actual zafra (especialmente en el estado de Río Grande del Sur se alcanzaría el 90%).

No puede olvidarse que este problema también es un verdadero de dolor de cabeza político. Mientras era candidato a la presidencia, Lula y el PT, rechazaban a los transgénicos (incluso llegar a sostener que era de “burros” plantarlos), y este cambio radical acentúa su distanciamiento de muchas organizaciones ciudadanas. Lula repitió varias veces en los últimos meses que no emitiría una medida provisoria, aunque finalmente no pudo cumplir ese compromiso. Además, la medida llega después de unas complicadas elecciones municipales, y antes de la segunda vuelta en ciudades claves como Sao Paulo, donde muchos militantes del PT se muestran desilusionados con estas acciones. Finalmente, la MP hace todavía más complicada la situación de la ministra del ambiente, Marina Silva, quien vuelve a perder en una pulseada con el ala de los agronegocios dentro del gabinete.

Entre los defensores de los transgénicos se ha tomado la MP como reconocimiento de un proceso irreversible en Brasil. Incluso se cuestiona que sea necesario siquiera tener que registrar esos cultivos, tal como indica actualmente el gobierno, y también se reclama ampliar el permiso a todos los agricultores, y no sólo a quienes cultivaron en la pasada zafra (otra de las condiciones gubernamentales actuales).

Una política gubernamental “provisoria”

La mayor parte de la discusión continúa situándose sobre la conveniencia o no para Brasil de aprobar definitivamente este cultivo, atendiendo argumentos económicos, agronómicos o ambientales. Más allá de esos aspectos, una mirada más profunda es necesaria para analizar la problemática que enfrenta el gobierno Lula. Por un lado está en juego la conveniencia económica de producir transgénicos o la seguridad frente a los posibles impactos, todos temas donde hay posiciones en uno y otro sentido.

Pero por otro lado, la actual MP reitera la lógica de la anterior: da por perdida la posibilidad de regular el cultivo, y como no puede hacerse permite una liberalización que en realidad es traspasar a los actores privados la decisión sobre sus cultivos. El Estado renuncia a su capacidad de regular el uso del territorio. Si se libera la soja transgénica porque será cultivada de todas maneras, incluso ilegalmente, entonces el gobierno Lula también debería permitir el cultivo de marihuana, que cuenta da la misma manera con muchos plantíos ilegales -como sostiene con una lógica impecable Janio de Freitas, en Folha de Sao Paulo (17 Octubre).

En tercer lugar, ha quedado fuertemente cuestionada la credibilidad y consistencia institucional de Brasil para manejar democráticamente este tipo de conflictos. En ese campo, la discusión de fondo es si la decisión en este tema debe ser política o técnica (en manos de la “comisión política” CNB o del “comité técnico” CTN-Bio), y cuál debe ser el peso de cada uno de estos componentes en la decisón final. En la actual situación la solución política permite sin duda que permite la participación del Ministerio del Ambiente, mientras que la solución “técnica” está sesgada sobre los actores biotecnológicos. Sobre esas cuestiones se ha discutido en el parlamento sin llegar a una decisión final.

Debe reconocerse que la discusión sobre cómo se tomarán las decisiones ha sido bastante más democrática en Brasil que en muchos de los países vecinos del cono sur (como Argentina o Uruguay), donde se llegan a resoluciones en ámbitos reducidos y sin mayor participación efectiva.

Pero mientras esa discusión se procesa, el actual gobierno brasileño no parece ser capaz de controlar lo que ocurre en el territorio. Entonces los agricultores, especialmente en el sur, consiguen semillas transgénicas y lanzan amenazas que plantarán más allá de las disposiciones gubernamentales. El gobierno termina reaccionando detrás de la realidad convalidando situaciones impuestas por la vía de los hechos. Intentar gestionar el sector agropecuario apelando a “medidas provisorias” no dejan bien parado al gobierno de Lula, ni parece un camino muy provisorio.

G. Evia y E. Gudynas son analistas de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad).