El desafío de la agricultura familiar campesina en Ecuador

por Francois Houtart – Las Naciones Unidas decidieron que 2014 sería el Año Internacional de la Agricultura Familiar.  Por esta razón, en muchas partes del mundo, este tema está al orden del día. Es también el caso en el Ecuador. Sin embargo, no se puede reflexionar sobre un país en particular, sin abordar la perspectiva global de la creciente sumisión de la agricultura a la lógica del capital. Lo haremos en una primera parte, antes de abrir las perspectivas ecuatorianas.
1.            La Agricultura, nueva frontera para el capital internacional
No se trata evidentemente de un problema nuevo, porque la industrialización europea, por ejemplo, significó ya en el siglo XIX, una transformación profunda de la agricultura. La mano de obra industrial se reclutaba en el campo que formó en gran parte la nueva clase obrera. Nuevas tecnologías agrícolas se desarrollaron para nutrir las ciudades. Profundas crisis afectaron el sector, como en Irlanda. Ya el proceso de acumulación del capitalismo mercantil se había construido en gran parte sobre el producto de las plantaciones de azúcar en particular.
1)            Concentración de la tierra y sumisión al capital
En los últimos 50 años, y de manera acelerada desde los 70as, hemos asistido en el mundo entero a una concentración creciente del conjunto de la cadena agrícola, desde la producción hasta la comercialización, pasando por el  procesamiento y la producción de los insumos químicos, sin hablar del aumento de la dependencia de un número limitado de alimentos.  Los monocultivos se extendieron sobre espacios enormes. Así, en el Paraguay para la zafra de 2013/2014, solamente para la soja, la superficie utilizada fue de 3.300.000 hectáreas, cuando las tierras destinadas a la Agricultura Campesina eran de 1.243.475 hectáreas (Elsy Vera, 2014, 17).  Por otra parte, como lo escribe Laurent Delcourt:  “Se reduce el número de operadores, río abajo y de más arriba de los procesos de producción. En otras palabras, la apertura y la integración de los mercados, han permitido a las grandes firmas del complejo agro-alimentaria (productores de fertilizantes, intermediarios comerciales, industria agro-alimentaria, grandes cadenas de distribución, etc.), aumentar su control sobre las cadenas de producción, de transformación y de comercialización” (L.Delcourt, 2010, 15). Se citan empresas tales como ADM, Cargill, Monsanto, Nestlé, etc.
El resultado fue doble, por una parte una disminución fuerte de las unidades de explotación agrícolas y por otra, la dependencia de los campesinos de las grandes empresas, bajo varias formas: insumos (especialmente semillas),  acceso al mercado, sub-contratos, etc.  En Europa, entre 2002 y 2010, 3 millones de granjas cerraron (La Vía campesina, 2011) y en los continentes del Sur, el proceso se aceleró desde los 90as.
Esta evolución afectó lógicamente la Agricultura Campesina Familiar, como le expresa el editorial del número de  ALAI consagrado al tema: “En la dinámica de las corporaciones para subordinar la agricultura mundial a sus intereses, aparece un relato cuyo eje es “incorporar” la agricultura familiar a su cadena productiva” (Osvaldo León, 2014, 1). Uno de los medios utilizados es la contratación, como veremos en el caso ecuatoriano.
Reza Vishkai, el encargado de las inversiones alternativas de la firma Insight Investment, en 2008 en plena crisis financiera mundial concluía que: “la mejor protección contra la recesión en los 10 o 15 años que vienen, es una inversión en tierras agrícolas“ (Grain, citado por L. Delcourt, 2010, 16). De verdad, la agricultura es una nueva frontera para el capital.
2)            Las consecuencias ambientales y sociales como externalidades
Como siempre, la lógica del capital no incluye las “externalidades” en sus perspectivas, es decir los daños ambientales y sociales. Solamente se calculan los logros económicos: la productividad, la evolución de los precios, la posibilidad de la especulación, es decir lo que contribuye a la ganancia y a la acumulación.  Los otros costos no son pagados por el capital, sino por la naturaleza, por las comunidades, las poblaciones, los individuos. Estos gastos entran solamente en consideración cuando afectan la tasa de ganancia. Es por esta razón que, frente a los efectos de la degradación ambiental, nació hace apenas hace 10 años el concepto de “Economía verde”, es decir, según el Programa de las Naciones Unidas para la Energía (PNUE), “una manera ecológica de realizar negocios” (B. Duterme, 2013, 9).
Socialmente, el modelo agro-industrial mata el empleo y está al origen de las grandes migraciones hacia las ciudades. El número de personas desplazadas se cuenta por millones, especialmente en los continentes del Sur, donde el medio urbano no puede ofrecer las posibilidades de empleo, el hábitat, las condiciones de vida dignas de seres humanos.
Desde un punto de vista ecológico, los resultados son también profundamente negativos. La deforestación crece: en Brasil, por ejemplo, 240.000 km2 entre 2000 y 2010.   La polución de los suelos y del agua se multiplica, la biodiversidad
se destruye. Según una declaración de la FAO a la ocasión del día mundial de la selva en marzo 2014, los monocultivos combinados con las extracciones de petróleo y de productos mineros, la explotación legal e ilegal de la madera, las represas hidroeléctricas, los monocultivos conducen la selva Amazónica a su desaparición dentro de cuarenta años, según una declaración de la FAO, el día mundial de la selva en 2014.  Ya en Indonesia y Malasia, el 80 % de la selva original ha sido destruida por los monocultivos de palma y de eucalipto.  Además, la tierra se convierte en commodity, introducida por este medio en la lógica del capital financiero: en el Brasil, 73 millones de hectáreas pertenecen a compañas multinacionales extranjeras.
Podemos concluir con João Pedro Stedile, el fundador del Movimiento de los Sin Tierras (MST) en Brasil y Osvaldo Léon de ALAI: “ Esta matriz productiva del agro-negocio es socialmente injusta, pues cada vez más expulsa a la mano de obra del campo; es económicamente inviable, pues depende de la importación de millones de toneladas de fertilizantes químicos; está subordinada a las grandes corporaciones que controlan las semillas, los insumos agrícolas, los precios, el mercado y que se quedan con la mayor parte de las ganancias de la producción agrícola; es insustentable para el medio ambiente, pues práctica el monocultivo y destruye toda la biodiversidad existente en la naturaleza, con el uso irresponsable de agro-tóxicos que destruyen la fertilidad natural de los suelos y sus micro-organismos, contaminan el medio ambiente y, sobre todo, los alimentos producidos, con consecuencias gravísimas para la salud de la población” (2014, 3).
Por estas razones, los movimientos campesinos de todo el mundo luchan por la defensa de la Agricultura Campesina, no como un regreso romántico al pasado, sino como una solución de futuro. La Asamblea General de las Naciones Unidas declaro en su sesión de 2010-2011, que el año 2014 sería “El Año internacional de la Agricultura Familiar (AIAF). Sin embargo La Vía Campesina estimo que esta expresión era ambigua, “no porque ‘en sí ’ ella sea equivocada (como expresión idiomática), sino debido a que su uso actual trae  implícito en esta expresión, ahora como concepto, la tendencia hacia la integración y subordinación a la empresa capitalista” (Horacio Martins de Carvalho, 2014, 9).Agricultura Familiar es también la expresión utilizada por el Banco Mundial, que reconoce que a medio y largo plazo este tipo de agricultura es más productiva que la agricultura industrial, por ser menos destructiva.
Para ser totalmente clara, en su Declaración de Harare, La Vía Campesina decía: “El término ‘agricultura familiar’ es muy amplio y puede incluir casi cualquier modelo o forma de agricultura cuyos dueños directos no sean corporaciones o inversores. Incluye a pequeños y grandes productores (con granjas de milares de hectáreas), e incluye también a pequeños productores que dependen totalmente del  sector privado a través de la agricultura por contrato u otras formas de explotación económica. Eso se promueve entre otros bajo conceptos como la cadena de valor. Es por eso que la Vía campesina defiende la Agricultura Familiar Campesina y Agroecológica, en oposición a la agricultura a gran escala, industrial y tóxica del agro-negocio que expulsa campesinos y acapara tierras en todo el mundo”. (La Vía Campesina, 2011).La CLOC (Coordinación Latino-americana de Organizaciones Campesinas), por su parte, estima que para romper las cadenas de las corporaciones, este problema debe ser tomado en mano por los órganos de integración latino-americana: UNASUR, ALBA, CELAC, MERCOSUR. En este último caso, la Reunión Especializada sobre la Agricultura Familiar (REAF) y su capítulo ecuatoriano ofrecen un espacio de trabajo muy útil.
En 2013, se reunieron en La Paz (Bolivia) los mejores especialistas de la cuestión agraria en América latina, convocados por el Foro Mundial de Alternativas (FMA), en colaboración con el Grupo de Trabajo de la CLACSO sobre el tema. El seminario se llamo: ¿Por qué y cómo apoyar a las agriculturas campesinas y familiares en Latinoamérica actual?  (Francisco Hidalgo y François Houtart, 2014). Al final se público el “Llamamiento de La Paz (Bolivia) a los Pueblos de América latina y a los Gobiernos Latinoamericanos”. El documento decía entre otros: “Es necesario entonces que los gobiernos se comprometan con políticas de fomento agropecuario diseñadas no como hasta ahora para favorecer el agro-negocio y hacer dependientes a los campesinos fomentando el uso de agro-tóxicos y de semillas transgénicas, sino adecuadas a sus necesidades, usos, y prácticas agrícolas; lo que incluye infraestructura, crédito, esquemas de comercialización, investigación tecnológica, entre otros bienes y servicios. Políticas y acciones que no deben diseñarse e implementarse desde arriba sino en diálogo y consenso con los productores, sus comunidades y sus organizaciones, que son quienes en verdad saben lo que necesitan” (Sipae, 2013). Este seminario siguió una iniciativa similar en Asia, en 2010, en la Universidad Renmin de Pequín, con once países asiáticos (F. Houtart y Wen Tiejung, 2013).
En 2008, una iniciativa común entre la FAO y el Banco Mundial,  el International Assesment of Agricultural Knowledge, Science and technology (AASTD),  llegó a la conclusión, después de una consulta de 400 expertos en el mundo, que la agricultura campesina tenía un valor agregado superior a los monocultivos, por sus múltiples funciones sociales, culturales y ecológicas.
2.         El panorama ecuatoriano
La situación del Ecuador se inscribe en este contexto general. Con un proyecto socio-político basado sobre el “Buen Vivir” y una voluntad afirmada de salir de la sumisión al capital internacional, la promoción de una Agricultura Campesina y Comunitaria parecería una  consecuencia lógica. De hecho, en la Constitución y en los Planes de Desarrollo Nacional existen bases reales de un tal proyecto. En la realidad, como lo veremos, poco se cumplió.
Sin embargo, el interés creciente en el ámbito internacional y la consciencia que se desarrolló en los movimientos campesinos e indígenas, están creando una nueva situación, donde la agricultura campesina gana importancia en las preocupaciones políticas, tanto a fuera que dentro de los medios gubernamentales, aún si se trata de una minoría. Sin embargo, hasta ahora eso no fue suficiente para generar un cambio de orientación política.
 
1)         La evolución contemporánea de la agricultura 
–           El acceso a la tierra
Al principio de los años 2000, el 44 % del territorio ecuatoriano era dedicado a actividades agropecuarias y  56 % a vegetación natural y selva (Atlas, 2011: 6). Las dos Reformas agrarias de 1964 y 1973 cambiaron la estructura tradicional de las grandes haciendas, para modernizar el sector. La época neoliberal provoco una nueva concentración de tierras y también una aceleración de la deforestación: entre 1990 y 2000, 74.300 hectáreas por año y entre 2000 Y 2008, 61.800. En 10 años (2000 a 20010)eso significó una pérdida de 618.000 hectáreas (Atlas, 2011:3), por extensión de la frontera agrícola, de las actividades petroleras y mineras y de la urbanización.
Con el Gobierno actual un esfuerzo de reforestación se inició. En 2013, se sembraron más de 1.500 millones de árboles (Telégrafo, 27.06.14) y para 2014, el Ministerio de Agricultura anunció que se tratara de plantar árboles en 100,000 hectáreas (Telégrafo, 27.04.14). Un programa de conservación empezó en 2008, “Sociobosque”, desgraciadamente dentro del  dudoso programa europeo del mercado de carbono. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la deforestación no paro, por las mismas razones que en el pasado. Por otra parte, la FAO afirmo en 2014, que el 80 % de la reforestación en América Latina era ineficaz, esencialmente por falta de seguimiento y es probable que el Ecuador no escape totalmente a  este fenómeno. Por otra parte, sesígnala también que el proceso cuenta con una  débil participación de la población local, en programas que  por ella aparece como venir del exterior.
En Ecuador, el acceso a la tierra es uno de lo más desiguales del continente, con un coeficiente de Gini (que mide la diferencia entre las grandes y pequeñas propiedades) de 0,81. El 46,3 % de las tierras son propiedad del 0,68 % de la población nacional (Revolución Agraria, 2011:5). Las propiedades de menos de 5 hectáreas representan el 64 % de las unidades y el 6,53 % de las superficies (promedio de 1,4 hectáreas). Las de más de 500 hectáreas, constituyen el 0,16 % de las unidades y  el 16 % de las tierras (promedio de 1.400 hectáreas). Los minifundios, de menos de 0,5 hectáreas que son 165.000 en el país, es decir la mitad de las pequeñas propiedades, no permiten la reproducción social del campesino y constituyen una zona de pobreza. La situación no cambió fundamentalmente desde el último censo agrario que tuvo lugar antes del Gobierno de Alianza País: en 2014, las unidades de producción de menos de 10 hectáreas cobraban el 76 % del total, pero ocupaban el 12 % de las tierras de agricultura (Víctor Mendoza Andrade, Telégrafo, 06.05.14).
El Presidente Correa en una entrevista al Le Monde Diplomatique, en 2010, reconoció esta realidad: “La tenencia de la tierra en Ecuador no ha cambiado sustancialmente y es una de las distribuciones más inequativas del mundo; el coeficiente de Gini supera el 0,9 en cuanto a tenencia de tierra” (Le Monde Diplomatique, O3.01.10).
Hubo en la historia varias etapas de transformación de la estructura agraria. La primera fue, bajo la presidencia de Eloy Alfaro, la Ley de Beneficencia, o de “Manos Muertos”, expropiando los latifundios de las órdenes religiosas. En 1964, la Alianza para el Progreso impuso una Reforma Agraria y se creó el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC). Se trataba de parcializar las haciendas, de favorecer la colonización y extender la frontera agraria y también de luchar contra los movimientos campesinos de izquierda. En 1979, la Ley de Fomento y desarrollo Agropecuario, inspirada por los latifundistas en reacción contra los esfuerzos precedentes, garantiza la propiedad de las “tierras adecuadamente cultivadas”.  En 1994, la Ley de Desarrollo Agrario promocionó el mercado de tierras y autorizo el fraccionamiento de las tierras comunales. Para cumplir con este cambio de perspectiva, el IERAC fue remplazado por el Instituto de desarrollo Agrario (INDA). (Frank Brassel, Stalin Herrera, Michel  Laforge, 2010, 17-20).
El 1 de octubre 2011, el Presidente Correa declaraba que “la pequeña propiedad rural va al contra de la eficiencia productiva… Repartir una propiedad grande en muchas pequeñas es repartir la pobreza”.  Sobre la parcelarización, él tenía toda la razón: la simple repartición de las tierras no es una solución. Al contrario, se trata de realizar, como lo dice el MST del Brasil, una Reforma Agraria Popular, incluyendo una transformación de fondo de la sociedad rural, ofreciendo a la agricultura campesina las condiciones de eficacidad económica, social y cultural.
Sobre la productividad de las grandes empresas, el Presidente tiene también razón, por lo menos a corto plazo. Pero, si se analiza el medio y el largo plazo, se ve que no se puede olvidar los efectos de este tipo de explotación, considerados como externalidades, tales como la destrucción de la biodiversidad, la captación abusiva del agua, el uso masivo de productos químicos, la contaminación de las aguas, el agotamiento de los suelos, sin hablar de la utilización de los paraísos fiscales para escapar a los impuestos  y del  reforzamiento de una  burguesía urbana explotando la obra rural, sin contribuir de la mínima manera a la eliminación de la pobreza. Es lo que hemos podido constatar en un estudio sobre los brócolis (François Houtart y María Rosa Yambi, 2013).
Evidentemente las funciones de los diversos tipos de propiedad son diferentes. La pequeña agricultura es abastecedora de los alimentos para la población, generalmente con una diversidad de productos y un sistema rotativo. Respeta mucho más los ritmos de la naturaleza y se preocupan de la regeneración de los ecosistemas. En Ecuador, la Agricultura Campesina es la fuente principal de la alimentación del país que todavía goza de una soberanía alimentaria. Privilegiar la Agricultura de exportación , al detrimento de la Agricultura Campesina, significa un riesgo importante de pérdida de esta soberanía, que en el resto de los continentes del Sur, está duramente amenazada por los Tratados de Libre Comercio (TLC) y otros acuerdos comerciales internacionales. A título de ejemplo, Corea del Sur, frecuentemente citada como un modelo de desarrollo, debe importar el 78 % de su alimentación, factor que influye también el balance comercial. En el Ecuador, el factor alimentación no parece ser prioritario, en comparación con el petróleo, la energía o la minería. Además, la inadecuada política tributaria redistributiva del impuesto predial es también un obstáculo.
Las grandes unidades agrícolas son cultivos permanentes, de mono-cultura (banana, palma africana, caña de azúcar, piñón, brócolis) destinados principalmente a la exportación y muy a menudo ocupan las tierras más fértiles (Revolución agraria, 2011:4). En 2012, 46,5 % del cultivo estaba destinado a este fin y la tendencia era al aumento (Telégrafo, 06.05.14), poniendo en peligro la soberanía alimentaria (Telégrafo, 27.03.14). El desarrollo de cultivos para los agro-combustibles acentuó el fenómeno: en Santa Elena, por ejemplo, se consagro 40,000 hectáreas para la producción de etanol. En el Norte la extensión de la palma africana afecta gravemente la vida y el entorno de los Awas. Aún si en 2013, hubo un consumo de 79 millones de galones de agro-diesel en el país, en realidad, el fin principal es exportar, para cumplir con la Nueva Matriz Productiva.
Los monocultivos utilizan una gran cantidad de productos químicos (F. Houtart y M.R. Yumba, 2013: 290) para aumentar su productividad, con consecuencias inmediatas negativas sobre la contaminación de los suelos y del agua y sobre la salud de los trabajadores y de la población y con efectos a medio plazo de agotamiento de las tierras. Tienden también a absorber la pequeña agricultura, por apropiación de tierras o por contratos. Dan menos empleo: 0,5 por hectárea  para las unidades de 500 hectáreas y más, frente a 1,4 para las propiedades de 5 hectáreas (Atlas, 2011:24).
Evidentemente, esta problemática se aplica a la Sierra y a la Costa, las comunidades indígenas de la Amazonia tienen una óptica muy diferente, donde el territorio es la base de la actividad de producción agrícola y de la caza.
–           El acceso al agua
El agua de riego es indispensable para la Agricultura Campesina. En Ecuador, según el Censo Agrario, el 37% de unidades de Agricultura Familiar Campesina tiene acceso al riego, frente al 63% de la Agricultura empresarial. Esta situación explica en gran parte su falta de productividad. Para remediar al asunto, sería importante revisar la regulación del agua y utilizar los saberes y prácticas ancestrales, especialmente en las zonas indígenas.
Antonio Quezada Pavón describe la situación de manera muy clara: “En muchas regiones del mundo, los sistemas de gestión hídrica campesina e indígena constituyen la base fundamental del sustento local y de la seguridad alimentaria nacional. En la mayoría de los países andinos, por ejemplo, las comunidades indígenas y campesinas son las principales proveedoras de alimento para la población. Por lo tanto, la seguridad de acceso al agua y los medios para manejar sus sistemas hídricos es de importancia crucial. Sin embargo, a más de la históricamente desarrollada y extremadamente desigual distribución y acceso al agua, los derechos consuetudinarios sobre el agua en los países latinoamericanos y en otros continentes están bajo una presión creciente. Consecuentemente, los millones de usuarios indígenas del recurso se hallan estructuralmente entre los grupos más pobres de la sociedad. Además, generalmente no están representados en los organismos a cargo de la toma de decisión nacional e internacional, lo que contribuye a una situación de creciente iniquidad, pobreza, conflicto y destrucción ambiental”. (Antonio Quezada Pavón, 2014).
Es una evidencia que tener acceso al agua es una exigencia fundamental para los pequeños campesinos. Sin embargo, hay escasez, en varios casos por falta de organización comunitaria. En otros, es el acaparamiento del agua por monocultivo o actividades industriales que no permite a los campesinos y a las comunidades,    una utilización racional del líquido.     La Ley de    Agua de     2014,  reconoció el agua como un derecho humano y rechazo la idea neoliberal de regulación por el mercado. El principio de base es la atribución de esta función al Estado, este último supuestamente representando el Bien común. Sin embargo, debemos recordar que el Estado no es una entidad abstracta, sino el resultado de una combinación de fuerzas sociales.
En el Ecuador actual, la concepción del Estado de la coalición en el poder es bastante jacobina, eliminando las diferencias para cumplir con el concepto de ciudadano. En esta lógica, la idea que autoridades comunitarias son también el Estado no parece aceptable, y por eso se abren pocos espacios en este sentido, cuando no se les cierra. Es así que la regulación comunitaria, donde todavía existe,  no tiene lugar en la ley y que las comunidades solamente tienen un poder consultativo. De hecho, una agricultura comunitaria podría aprovechar mucho de la experiencia secular  en este domino. Una tal eventualidad no significaría una privatización del agua, sino una regulación más democrática y cercana a la agricultura indígena y campesina.
En todo el mundo, el proyecto modernizador empujado en los 80aspor el Banco Mundial, ha propuesto la destrucción de las estructuras tradicionales y, como consecuencia, la pérdida de la soberanía alimentaria. Fue el caso en Sri Lanka, en 1996, cuando el Banco  trató de imponer una desregulación completa de la producción del arroz, la parcelización de las tierras comunales y la introducción de la propiedad individual. Se argumento que era más barato importar el arroz del Vietnam o de Taílandia y más rentable para el país de remplazar la producción de arroz por cultivos de exportación. Al contrario, la reforma agraria del Vietnam del Norte se construyó sobre la base de las antiguas estructuras de producción (François Houtart, 2008)., con éxito social y productivo. En el Ecuador, en vez de burocratizar la regulación del agua, porque no apoyar las entidades locales en esta función, reforzando su responsabilidad. Como lo hemos dicho, ellos también son el Estado y no hay un solo modelo de socializar el agua, en tanto que antítesis de la privatización.
 
–           Eliminar la pobreza rural
Según los datos del INEC del 2007, el 61,5 % de la población rural vivía en la pobreza y según la FAO, la desnutrición al nivel nacional era del 18,1 % de la población, de 26.1 % en zonas rurales y  del 40,1 % entre los indígenas (Revolución Agraria, 2011:3). Además, con las políticas neoliberales apareció la categoría de los campesinos sin tierras (Atlas, 2011:16). Con el Gobierno actual, la pobreza rural pasó entre 2006 y 2013, del 60,6 % al 40,7 % (Telégrafo, 18.11.13). Eso fue el resultado por la mayor parte del Bono de Desarrollo Humano y también de una doble nueva orientación nacional: políticas generales de adecuación entre la canasta básica y el ingreso (96,6 % en 2013) y de un mejor  acceso a servicios públicos de salud y de educación. No fue, sino en una pequeña medida, el fruto de un mejoramiento de la producción de la Agricultura Campesina. Señales de eso, según el SIGTIERRAS (Sistema Nacional de Información y de Gestión de Tierras Rurales)el 50 % de las tierras son mal utilizadas (Telégrafo, 06.10.13) y el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarios (INIAP) afirma que solamente el  35 % de la semillas son certificadas (Telégrafo, 27.10.13). Significa que grandes progresos son posibles, con medidas estructurales y no solamente asistenciales.
–           La Comercialización
El papel de las mujeres en este dominio es central, siendo en la mayor parte de los casos de Agricultura Campesina encargadas de la comercialización de los productos y por eso, es importante conocer mejor su rol y sus potencialidades, que sobrepasan el aspecto puramente económico e implica dimensiones sociales y culturales.
Debemos añadir que para la comercialización de sus productos, las pequeñas unidades de producción dependen mucho de “intermediarios” de diferentes escalas de operación y que imponen los precios. ”En la contratación de grandes empresas con los campesinos, para la producción con el agro-negocio, y para la comercialización con los mayoritarios y super-mercados, el mayor poder se halla en manos de las primeras que minimizan los réditos económicos del productor” (Revolución Agraria, 2011:5).Como eso no corresponde a fuerzas de mercado equilibradas, sino a un mercado asimétrico, se trata realmente de  contratos “entre el tiburón y las sardinas”.
Un estudio muy revelador en este sentido, que toca al mismo tiempo los procesos de producción y de comerciales integrados en una sola perspectiva, fue publicado en 2013 (Maria Rosa Yumbla et al., 2013). De verdad, el Ministerio de Agricultura ha desarrollado varios programas en esta dirección, en colaboración con empresas agro-industriales y la cooperación holandesa (SNV). Uno de ellos es el Fondo para la Integración de las cadenas Agroproductivas (FICA), para el mas y el arroz. Las empresas entregan a los agricultores semillas, fertilizantes y agroquímicos; con ciertos requisitos: entre otros, tener una tierra entre 10 y 20 hectáreas, ser cercano de las vías principales, poseer la tierra como garantía, pagar 10 % de in teres en caso de retraso, aceptar el uso del paquete tecnológico propuesto por la empresa. Esta última se encarga de comercializar el producto, conservando el poder de definir los precios de compra a los campesinos. Los casos de las firmas PRONACA, INAEXPO, FLORALP fueron estudiados en el documento.
La conclusión de esta investigación es la siguiente: “Es necesario mencionar que bajo este modelo de agricultura bajo contrato, los agricultores son los que asumen el riesgo en el proceso productivo y las empresas son las prestadoras de ‘servicios’, por tanto se transfiere el valor a la agro-industria y el agricultor se subsume al capital agro-industrial. De forma que si todas estas políticas de subsidio y negocios inclusivos, están encaminadas a originar un ‘cambio de matriz productiva’, priorizando l producción nacional para reducir las importaciones de materia prima, se está corriendo el riesgo de subsidiar un modelo de agro-negocio por sobre el modelo de agricultura familiar y campesina”.
En síntesis, hubo en las últimas décadas un proceso de reconcentración de la tierra articulado a la expansión del monocultivo, y al otro lado tenemos un fenómeno de minifundios. En las zonas las más pobres, se nota también una feminización del campo, los hombres saliendo para trabajar en las ciudades. El deterioro de los ecosistemas ha sido importante. Las tierras destinadas a la alimentación disminuyeron y la tendencia es de someter la agricultura al capital, tanto para la producción, como para la comercialización, lo que puede también ser un efecto no deseado pero real de la Nueva Matriz Productiva que pone el acento sobre la exportación. Parece corresponder a lo que Laurent Delcourt llama una visión productivista, es decir: una inyección masiva de inversiones, mecanización  creciente y la introducción de biotecnologías (L. Delcourt, 2010, 23).
Sin embargo, se debe reconocer también que los movimientos campesinos e indígenas no han dado una importancia suficiente al tema de la Agricultura campesina y comunitaria. No que sea un dominio ajeno a sus preocupaciones, sino que en el concreto de las luchas sociales, la dimensión política ha tenido un peso demasiado alto: de instrumento se transformo en fin. Tomar en serio esta cuestión  en todas sus dimensiones, daría a los movimientos un nuevo dinamismo.
2)         Las iniciativas de Agricultura Campesina y Orgánica y sus posibilidades en Ecuador
Cuando se estudia esta cuestión, se nota que existen barias bases de una nueva orientación para permitir a una Agricultura Campesina de contribuir positivamente a los objetivos de mayor eficacia económica y de lucha contra la pobreza.
 
–           Iniciativas populares
 
En todo el país existen iniciativas de varios tipos. A título de ejemplos podemos citar algunos casos. En Santo Domingo, la reacción campesina para protegerse frente al monocultivo de palma africana fue organizarse para cultivar cacao de manera orgánica. En Riobamba, se organizó la crianza de llamas, como  complemento  económico de las comunidades indígenas y la iniciativa se extiende a varias regiones del país. Numerosas acciones de economía solidaria se realizan también en el campo y también existe un sector de cooperativas importante. Pequeñas iniciativas como la Comunidad de San Luis de Maguazo, que reúne 8 familias de Guanote (Chimborazo) son interesantes. Sobre un terreno de 14,5  hectáreas, con una agricultura diversificada, permiten a una mayoría de personas de origen urbana en búsqueda de trabajo, desarrollar una actividad agrícola (Elodie Jiménez Alba, 2014).En la provincia de Morona-Santiago se diversifica la economía rural con el ecoturismo.
En respuesta a las asimetrías de los mercados, la intermediación y la búsqueda por un consumo sano y de cercanías productor-consumidor, han surgido también, en los últimos años, diversas iniciativas de productores y consumidores, así como programas con participación del Estado. Se trata de la construcción de circuitos alternativos y cortos de comercialización, tendientes a lograr una mejor valorización de la producción campesina  y a facilitar a los habitantes pobres y de clases medias urbanas, el acceso a alimentos de calidad. Ferias campesinas y ciudadanas, canastas de consumidores, tiendas campesinas, compras públicas a organizaciones campesinas, exportación bajo normas del comercio justo, son algunas de estas iniciativas. Sin embargo, ni el sector público, ni la sociedad civil, disponen de una información consolidada sobre estos nuevos sistemas de comercialización de la producción campesina de alimentos. Lo anterior pone sobre el tapete la necesidad de contar con una visión que tiene en cuenta el alcance de estas experiencias, de sus limitaciones y de su potencial de desarrollo, que permita diseñar políticas públicas, de cara al mandato constitucional de consolidación de la soberanía alimentaria (Christophe Chaveau y Diana Taipe, 2012).
Evidentemente, se trata generalmente de iniciativas locales, proviniendo de la base: grupos de campesinos, comunidades indígenas, proyectos de ONGs y en varios casos también, con la ayuda de programas gubernamentales y de entidades descentralizadas del poder (parroquias, cantones, provincias).
En otro dominio, de manera espontánea y en varios casos con el apoyo de la Coordinación General de las Redes Comerciales del MAGAP, nacieron iniciativas de certificación de la cualidad de los productos de la Agricultura Campesina. Se trata de aplicaciones del Sistema Participativo de Garantía (SPG), que se encuentran en varios lugares: Red Agroecológica del Austro (RAA), con 17 organizaciones locales; Red Agroecológica de Loja (RAL), con 110 pequeños productores (en mayoría mujeres); los Productos Agroecológicos y Comercio Asociativo Tungushhua (PACAT), con más de 500 familias afiliadas; AGROPACA en Tabacundo, UNOLOPSO en Pajan,  CAPACÑAN, en Cañar, Chulla Mikuna, en el Oro, etc. (MAGAP, 2013 bis, 11-12).De nuevo, son iniciativas de pequeña dimensión, pero con potencialidades verdaderas.
Así, del lado popular, podemos notar que existen en Ecuador muchos elementos para un cambio de política agraria: una voluntad popular, un saber tradicional, ideas concretas de realización e instituciones. La voluntad  se manifiesta negativamente por una oposición creciente a los monocultivos, como a otras actividades destruyendo la agricultura local, impidiendo el acceso al agua o monopolizando la comercialización y positivamente, por las iniciativas que hemos citados.
El documento llamado Revolución Agraria, apoyado por 48 organizaciones sociales, urbanas y rurales, publicó el 15 de Septiembre 2011, propuestas, sintetizadas y elaboradas por el antropólogo Cesar Guillermo Ortiz Crespo. Se eligió un titulo que permite evitar la ambigüedad del término Reforma Agraria, que para muchos significa una simple redistribución de tierras desembocando sobre la multiplicación de minifundios. Según el Licenciado Cesar Ortiz, existen las bases para el desarrollo de una agricultura familiar productiva, no individualista, sino integrada en estructuras de solidaridad económica y social. Se debe también recordar que los campesinos de hoy no son más el grupo del pasado y que muchas actividades nuevas existen en el campo, que no son solamente agrícolas: artesanado, pequeña industria, comercios, actividades culturales, ecoturismo y también contactos con ciudades vecinas. Son factores que evidentemente entran en una reflexión holística sobre el asunto.
           Iniciativas Gubernamentales
Varias bases institucionales gubernamentales existen también.  La Constitución de 2008 y los dos Planes Nacionales 2007-2013 y 2013-2017 establecen una base de principio, bastante elaborada y permitiría el desarrollo de una Agricultura Campesina en el país.  Durante su presencia en el Ministerio de Agricultura, entre 2009 y 2011, el Ministro Ramón Espinel, impulso planes y programas para una Agricultura Campesina, que incluía entre otros cuatro ejes: redistribución de la tierra, el acceso al riego, una comercialización alternativa y la innovación vía la investigación y la asesoría. Él apoyo también la Escuela de la reforma Agraria (ERA), como uno de los instrumentos de esta política ( MAGAP, 2009).
El Ministerio de Agricultura tiene tres vice-ministros, dos para la producción respectivamente agropecuaria y acuacultura y pesca y uno para el desarrollo rural. Este último se divide en dos sub-secretariados el uno de Tierra (Reforma Agraria) y el otro de Riego y dos coordinaciones generales, de redes Comerciales y de Innovación.  La Coordinación General de Redes Comerciales, tiene, entre otras, la preocupación de encontrar vías alternativas de comercialización directa para la Agricultura Campesina. Se interesa también al tipo de producción  familiar sin químicos), a un consumo razonable, a los equipamientos, a las ferias, todo eso con un enfoque integral de la Agricultura Campesina.
En 2010, fue constituido, por el Ministerio, el Grupo de Circulación Alternativa de Comercialización (CIACCO), a la vez interinstitucional al interior de las administraciones públicas y con la participación de organizaciones de productores, redes de consumidores, ONGs y de especialistas académicos. Además fue creado el Consejo Sectorial Campesino, con delegaciones de movimientos campesinos e indígenas y que tiene ramas en provincias y regiones. La función de estas dos instancias es consultiva. De hecho, ellas han faltado de impacto en la promoción de la Agricultura Campesina, probablemente en función del lugar marginal que esta última tiene en la política general.
Como lo vemos, existe una institucionalidad de base en el sector público. Además, un desarrollo de Agricultura Campesina podría utilizar los estudios de la SIGTIERRAS y del INIAP. Existen centros de formación. Para apoyar la producción se puede citar la ayuda para maquinaria del Ministerio de Agricultura (MAGAP) y el Seguro Agropecuario; los proyectos de reforestación del Ministerio del Ambiente; en varios ministerios: existen programas como las Granjas agrícolas, el apoyo al ecoturismo, etc. En el campo de la comercialización hay el Banco de Desarrollo.  El Seguro Social Campesino es también una institución que  puede ser un elemento positivo para la agricultura campesina, como factor de estabilización. Actualmente más de un millón de personas  benefician de este programa y el presupuesto de la agencia para 2014 era de 55 millones de dólares.
Sin embargo se debe señalar la relativa debilidad de estas instituciones: el INIAP tiene 47 técnicos para todo el país y el MAGAP mismo tiene solamente un presupuesto de 300 millones para 2014, frente a los más altos de otros ministerios: Electricidad y Energía no-renovable, 1,867; Defensa 1,701; Policía, 1,114; Transporte y Obras públicas, 1,335 (Vistazo, 30.01.14). Además, se señala también dificultades de coordinación entre las varias entidades (Revolución Agraria, 2011:16).
–           Iniciativas colectivas y ONGs
El sector cooperativista está bien presente en el Ecuador. Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), existen en el país 3,255 cooperativas (950 de crédito) (Telégrafo, 18.11.13) y con el 71 % en zonas rurales (Telégrafo, 01.08.13). Dentro de las realizaciones comunitarias se puede citar, entre otras, San Clemente, cerca de Otavalo, donde tanto la producción,  ncomo la organización social o el turismo ecológico se combinan.  La cooperativa Maquita Cushunchic en la provincia de Bolívar es un buen ejemplo para la producción de leche y queso. Las organizaciones comunitarias son también numerosas dentro de los pueblos y de las naciones indígenas, pero faltan estudios sistemáticas del sector. Sin embargo son esenciales para el desarrollo de una agricultura comunitaria específica a este sector.
Varias ONGs han sido también activas en este ámbito, pero la mayoría de ellas en pequeña escala, con falta de visión de conjunto. Aprovechar de estas iniciativas, sin matarlas por una concepción centralizadora de la acción, sino  dándolas  un lugar en un plan regional y nacional, podría ser una orientación provechosa.
En conclusión podemos decir que las potencialidades de una agricultura campesina existen en Ecuador, pero son dispersas, poco apoyadas institucionalmente y en peligro de disminución frente a un doble fenómeno. Primero una política agraria que privilegia la exportación en función de una concepción puramente macro-económica de la Nueva Matriz Productiva,  y segundo, una lucha contra la pobreza rural, que no promueve el apoyo a la Agricultura Campesina Familiar, sino que privilegia una cierta redistribución de los ingresos, sin una transformación de la estructura agraria. Una tal política puede ser eficaz a corto plazo, pero conduce a la creación de graves problemas ambientales y sociales a medio y largo plazo y además no crea actores, sino clientes.
En términos de eficacia, la promoción de la Agricultura Campesina, es central, lo que está reconocido hoy en día al nivel internacional. Ella tiene muchas funciones, desde el auto-consumo, hasta la alimentación de la población urbana, pasando por la conservación de la biodiversidad y el cuido de los suelos. Sin embargo, se deben crear las condiciones de la eficacia, es decir, organizar el acceso al riego, apoyar el carácter biológico de su producción, mejorar sus técnicas y abrir los circuitos de su comercialización, sin olvidar muchos aspectos del entorno social y cultural.
¿Por qué no dar una nueva vida a un tal proyecto, utilizando los instrumentos ya existentes, pero revitalizándolos? Una conferencia nacional sobre la Agricultura Campesina Familiar podría establecer las grandes líneas de una política y proponer medidas concretas. Su realización no sería tan costosa, en comparación con otros proyectos, pero daría frutos económicos y sociales considerables. No solamente eso podría ser una respuesta a la iniciativa de las Naciones Unidas, pero serviría de ejemplo a los otros países del hemisferio.
El desarrollo de la Agricultura Campesina en el Ecuador depende a la vez de una voluntad política que daría sus frutos a medio y largo plazo y de la voluntad local indígena y campesina de renovar un saber tradicional hacia al futuro. Existe una preocupación en este sentido en varios lugares del abanico social y político. Ojala que se traduce en programas efectivos, porque hay urgencia.
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Publicado originalmente en ALAI (Quito).