Vacas locas: la economía política del riesgo

por Gerardo Evia – Desde el descubrimiento de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB) o “enfermedad de las vacas locas” en 1986 y su posterior vinculación con la variante humana de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el mapa de países con bovinos afectados se ha modificado sustancialmente.

Inicialmente los casos estaban restringidos al Reino Unido y unos pocos países de Europa, pero ahora se han expandido por casi todo el hemisferio norte, incluyendo a Japón, Canadá y Estados Unidos. Hasta diciembre de 2003 el total de casos en humanos de la enfermedad era de 153, de los cuales 143 ocurrieron en el Reino Unido, seis a Francia y uno respectivamente en Canadá, Irlanda, Italia y Estados Unidos.

La información sobre todo lo concerniente a esta enfermedad es abundante y en algunos casos controversial, particularmente en aspectos científicos, como suele ocurrir frente a nuevos y no tan nuevos descubrimientos. Incluso comenzando por el inusual hecho que el agente causante no es ni una bacteria ni un virus, sino una proteína que, por decirlo de alguna manera, induce deformaciones en otras proteínas (priones). Pero la controversia más ostensible no se limita al ámbito de la discusión académica médica o epidemiológica, sino que se sitúa en torno a una serie de tensiones que se dan en el campo comercial y ético.

Hay dos elementos fundamentales que le otorgan esa característica particular a la discusión. En primer lugar el hecho comprobado de la trasmisión al hombre por ingestión de carnes bovinas contaminadas, y en segundo lugar la existencia de intereses comerciales que involucran cifras multimillonarias en dólares.

Cualquier prohibición o regulación sobre el uso de las carnes en la alimentación humana afectará esos intereses económicos. Por lo tanto las tensiones se dan entre los principales actores vinculados a la cadena cárnica vacuna, incluyendo a consumidores, industria, productores y agencias reguladoras de los gobiernos. Todo lo que ha sucedido en Estados Unidos a partir de la confirmación del primer caso en diciembre del año pasado es por demás ilustrativo. Un análisis de esas reacciones arroja interesantes conclusiones y plantea nuevas interrogantes en torno a las vinculaciones entre las regulaciones sanitarias y comerciales, los derechos de los consumidores, la valoración del riesgo, la ética del mercadeo y el rol de las agencias reguladoras.

Buscando el prión y la confianza

La primera reacción del mercado internacional frente a ese caso de diciembre fue el cierre inmediato de las compras de carne estadounidense desde todos los mercados. Algunos países rehabilitaron posteriormente las importaciones a la luz de algunas medidas de gestión de riesgo adoptadas por EE. UU. que incluían aspectos tecnológicos en el procesamiento en frigoríficos y la obligatoria eliminación de materiales de riesgo de la cadena alimentaria (cerebro, médula espinal, ganglios dorsales, intestino delgado).

Sin embargo Japón, uno de los mercados más importantes para las exportaciones de carnes estadounidenses se mantiene cerrado ya que las autoridades de Tokio exigen que todos los animales faenados con ese destino sean objeto de un análisis de laboratorio para descartar la presencia de la enfermedad. Japón, que ha sufrido esa enfermedad, aplica esa medida a todos los animales faenados y pretende que Estados Unidos haga otro tanto antes de permitir las importaciones.

Entre tanto, las autoridades de Washington se oponían a dicha pretensión con el argumento que esa medida es desproporcionada y científicamente innecesaria toda vez que allí se descartaban todos los componentes riesgosos del proceso industrial. Por lo tanto, consideraban que era irrelevante si el animal en cuestión era positivo o no. El presidente del Comité de Estándares de la Oficina Internacional de Epizootias Alex Thiermann, concordaba con el gobierno de Estados Unidos, y afirmaba que “un animal que ha sido analizado y cuyos materiales de riesgo han sido retirados no es más seguro que un animal que no ha sido analizado si los materiales de riesgo también han sido retirados”.

A pesar de esos dichos, una persona que haya estado alguna vez en una planta de faena industrial difícilmente puede creer esas explicaciones. Allí se trabaja a ritmo de vértigo seccionando al vacuno, las sierras y los cuchillos vuelan, y es muy difícil que a la velocidad con que se trabaja se pueda establecer con absoluta certeza que efectivamente se han eliminado todos los materiales de riesgo.

Paralelamente, en 2004 se aprobó un programa de 70 millones de dólares para detectar nuevos posibles casos de la enfermedad entre animales que llegan caídos a la faena. La racionalidad de la medida es que en ese grupo de animales existen las máximas probabilidades de encontrar animales positivos. Ese chequeo tiene la finalidad epidemiológica de encontrar nuevos casos si los hubiera. Muchos critican esta medida como insuficiente; en especial se invoca que el caso detectado en ese país en diciembre de 2003 parecería que no ocurrió en un animal “caído”, o cuando el pasado abril, un individuo efectivamente “caído” fue enviado a incinerar sin haber sido testeado. Es importante tener presente que estos chequeos en realidad no tienen como finalidad minimizar el riesgo de contagio humano ya que ningún animal caído puede ser destinado a consumo humano, sino determinar el posible nivel de contaminación.

Por lo tanto, lo que en definitiva está haciendo Estados Unidos es una evaluación de costo beneficio; el costo adicional de analizar todos los animales contra el beneficio en términos de disminución del riesgo para los consumidores.

¿Quién hace el balance coste-beneficio?

Contra lo que argumentan los defensores del libre comercio, aquí no hay libertad para asignar los recursos. Recientemente una planta exportadora de carne con base en el estado de Kansas (Creekstone Farms Premium Beef) propuso analizar todos sus animales faenados para poder exportar a Japón. Era una medida que muchos aplaudían; una iniciativa voluntaria desde el sector empresarial que permitía reducir el riesgo y además buscaba lograr una ventaja comercial.

Sin embargo el Departamento de Agricultura ha rechazado la propuesta de la empresa. El argumento es sorprendente: según Thiermann esa medida “podría confundir a los consumidores norteamericanos, y el peligro es que habría que explicarle por qué estamos testeando los animales que van a Japón y no los que ellos consumen; pronto los norteamericanos nos estarían exigiendo lo mismo”. En otras palabras, había que evitar que los ciudadanos se percatarán que se podía mejorar el análisis de la calidad de sus alimentos.

Más allá de la discusión sobre si la medida disminuye o no el “riesgo” de contraer la encefalopatía espongiforme bovina , es interesante visualizar que lo que se hace es una evaluación costo beneficio, y que quien la lleva adelante es el regulador. Los veterinarios japoneses y su gobierno saben tan bien como los estadounidenses cual es la probabilidad de que un ganglio espinal infectado con el prión pueda entrar en la cadena alimentaria hasta llegar al plato de un almuerzo. Sin embargo la decisión de exigir el análisis a todos los animales faenados es tomada en función de otra relación costo beneficio, muy distinta a la hecha por el gobierno japonés.

En el caso de EE.UU. la industria evita incurrir en mayores costos y los consumidores nacionales pierden en seguridad, mientras en el caso japonés ocurre a la inversa. Los exportadores estadounidenses pierden la oportunidad de colocar sus carnes en Japón, pero como su mercado interno es muy superior a lo que se exporta, resulta que el costo económico de analizar todo es superior al potencial beneficio de vender carnes a los japoneses. Por otro lado, Japón no exporta carne y su producción es relativamente pequeña, por lo cual el peso político de esos consumidores es sustancialmente mayor.

Lo interesante es que la decisión en ambos casos se toma en términos de costo beneficio político y no de una verdadera evaluación del riesgo preocupada por la calidad de la alimentación.

G. Evia es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad América Latina). Publicado en La Insignia, 8 julio 2004.