Moratoria sobre los transgénicos: una medida necesaria

por Eduardo Gudynas – A fines de enero, el Poder Ejecutivo decretó una moratoria de 18 meses en la aprobación de nuevos tipos de vegetales modificados genéticamente. La medida, que contó con la firma de cuatro ministros y del presidente Vázquez, desató cuestionamientos y críticas desde algunos espacios vinculados a empresas de semillas o agronegocios.

El ejemplo más conocido en Uruguay de un cultivo transgénico es la soja, donde la planta es resistente a un herbicida químico, que en cambio mata las malezas competidoras. La empresa que vende las semillas de esa soja es la misma que procesa ese agroquímico, y esto ejemplifica los intereses en juego.

Uno de los ataques más duros contra la medida provino de “El País Agropecuario”, donde sus editores, la consultora Seragro, la calificó como un “corte de ruta” por sus efectos negativos. Sus argumentos son alarmantes; estiman que la moratoria impedirá el “progreso agrícola”, perjudicará la producción animal y genera una señal en contra de la innovación.

Este anuncio de un apocalipsis agropecuario es, sin dudas, desmesurado. El decreto gubernamental establece una necesaria pausa para poder generar nuevas y mejores normas y procedimientos sobre los transgénicos. Si bien Seragro evalúa que el sistema vigente era adecuado, otros opinan lo contrario, y hay muchos argumentos sobre la urgencia en actualizarlo y renovarlo. Recordando el antecedente de la aprobación del maíz transgénico, no debe olvidarse que tuvo lugar una audiencia pública mal diseñada y ejecutada, existieron cuestionamientos de técnicos de la Facultad de Agronomía y se apeló en demasía a la información extranjera.

Esos y otros argumentos apoyan la decisión del gobierno de generar un nuevo marco regulatorio. Ese mecanismo debe ser más moderno, con buenas condiciones de participación de los productores y la ciudadanía, que analice mejor las implicancias ambientales y comerciales, y que pueda articular mejor los ensayos en Uruguay con la información internacional.

Al hacerlo se deberán abordar críticas como las de “El País Agropecuario”, donde se las justifica asumiendo que los transgénicos permiten aumentar la producción, bajar los costos y mejorar los productos. Su uso de la palabra “permiten” genera mucha ambigüedad, ya que los transgénicos por sí solos no aseguran ninguna productividad mayor, la que sigue dependiendo de factores como el suelo, el agua y el clima. Tampoco aseguran una caída en los costos, ya que esas semillas están patentadas y se deben pagar “royalties”, y por lo tanto aparece un nuevo gasto. De hecho, Argentina ha mantenido un contencioso con Monsanto sobre ese pago, donde esa trasnacional trabó las importaciones europeas de soja argentina denunciando que sus agricultores no habían pagado esas patentes. Los actuales márgenes de rentabilidad son tan ajustados, que el cobro de esos “royalties” vuelca la balanza de las ganancias a las pérdidas.

Tampoco existe evidencia de que los transgénicos mejoren los productos. La soja transgénica no tiene ningún atributo que le otorgue, por ejemplo, un mayor tenor de proteínas.

Tampoco puede subestimarse que estos paquetes tecnológicos y las semillas patentadas están casi todas en manos de grandes corporaciones.

Los propios productores reconocen esos peligros: si bien casi la mitad considera positivos a los transgénicos, entre los dos problemas más mencionados están los posibles efectos sobre la salud y el aumento de la dependencia de las multinacionales.

Tampoco pueden olvidarse las implicancias comerciales. Es cierto que la soja transgénica significa un nuevo rubro exportador. Pero la proliferación de esos cultivos es negativa para la producción natural u orgánica, y en especial pone en riesgo nuestras importantes exportaciones de carne vacuna orgánica.

Debemos reconocer que los transgénicos nos alejan de un sello “Uruguay natural” serio y eso afectará a otras cadenas productivas y el acceso a mercados extranjeros basados en la calidad.

Muchos mercados compradores rechazan los transgénicos. Así es que mientras “El País Agropecuario” apuesta a los transgénicos, en estas semanas la revista “Time” tomaba como tema central los alimentos orgánicos reflejando una persistente exigencia de los mercados consumidores. Ese nicho ahora lo está aprovechando Brasil, que exporta soja convencional y orgánica a compradores exigentes.

Resulta claro que hay muchos intereses en juego, tanto nacionales como extranjeros, y que lo peor que puede hacerse es simplificar esta problemática. Seguir con el viejo e inadecuado sistema de aprobaciones de nuevos transgénicos generaba hechos consumados, donde difícilmente se puede dar marcha atrás. Por lo tanto, la moratoria decretada por el Poder Ejecutivo es un paso acertado. Resulta indispensable generar un marco regulatorio que apueste a recomponer la capacidad estatal para regular un sector que fue prácticamente liberalizado en el pasado reciente.

E. Gudynas es investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Publicado en La Red 21, Montevideo, 15 marzo 2007.